La Ley de Inmigración Crea una Carrera de Obstáculos, No un Camino hacia la Ciudadanía
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The bill proposed by the Senate’s Gang of 8 would create a Frankenstein process, a path to citizenship that is in reality an obstacle course. Photo: David Sachs, SEIU.
Claudia Muñoz is una joven y valiente organizadora laboral. Es también una inmigrante indocumentada. En abril se dio a la tarea de demostrar que el gobierno está violando disposiciones federales al deportar casos de “baja prioridad.”
Cuando Muñoz dio una vuelta en U en un puente de Detroit, fue inmediatamente arrestada y encarcelada. Allí se dio cuenta de que las otras personas detenidas con ella constituían casos de baja prioridad para deportación, siendo mayormente madres con niños pequeños en casa.
Muñoz reporta que unos agentes de Immigrations and Customs Enforcement (ICE) se rieron de un hombre que se negó a una deportación voluntaria porque no quería que sus hijos crecieran sin padre, como le había ocurrido a él.
Esta historia comienza en agosto de 2011 cuando con grandes celebraciones en las comunidades de latinos e inmigrantes el Presidente Obama anunció una nueva política para limitar las deportaciones a aquellas personas que hubiesen cometido crímenes.
El Número de Trabajadores Temporales en Programas de Visa Laboral Subirá
Las disposiciones de los programas de trabajadores temporales en programas de visa laboral (o trabajadores huéspedes) fueron escritas durante reñidas negociaciones entre AFL-CIO (que quería menos visas y salarios más altos) y la Cámara de Comercio (que perseguía lo contrario). Aparentemente, la Cámara de Comercio obtuvo más de lo que muchos sindicatos quieren admitir.
Los programas de trabajadores huéspedes dan un gran poder a los empleadores, ya que las visas duran solamente lo que dura el trabajo. Estos programas han estado plagados de abusos tales como altos cargos de reclutamiento, salarios por debajo del mínimo, viviendas miserables, terribles horas de trabajo, y represalias contra organizadores e individuos que denuncien corrupción o violaciones de leyes de la entidad para la cual trabajan.
Es por esto que los sindicatos se han opuesto históricamente a los programas de trabajadores huéspedes, mientras que el aumento del número de visas ha sido un objetivo de la Cámara de Comercio durante años.
En estos momentos, los trabajadores huéspedes “no cualificados” (aquéllos cuyos trabajos no requieren cuatro años de educación universitaria) mayormente obtienen visas H-2A (para trabajadores agrícolas) o H-2B (para trabajos como jardinería, ventas al detalle, industria hotelera y ciertos trabajos de la industria de la construcción).
En el caso de trabajadores agrícolas, la ley sustituiría la H-2A por nuevas visas W-3 y W-4. Para venir a los Estados Unidos, un trabajador aún necesitaría una oferta de trabajo, pero una vez aquí, podría cambiarse a otro empleo dentro del programa (pero no podría estar desempleado por más de 60 días). La ley también aumentaría la regulación y supervisión de los reclutadores de trabajadores.
El grupo de apoyo Farmworker Justice dice: “El nuevo sistema derribaría o debilitaría ciertas protecciones laborales que H-2A ha brindado durante mucho tiempo, pero también proveería un nuevo grupo de derechos.”
El nivel de salario de los trabajadores agrícolas cambiaría, probablemente para empeorar.
Actualmente los salarios de H-2A tienen que alcanzar o superar una cifra (fijada por cada estado) que supuestamente sea lo suficientemente alta como para evitar que los empleadores reemplacen trabajadores estadounidenses con trabajadores huéspedes. El promedio nacional es actualmente de $10.80, pero la ley establece nuevos mínimos nacionales comenzando en 2016 con $9.64 para personas que trabajen en las cosechas.
Se podría emitir un máximo de 337,000 de estas visas durante los primeros cinco años; después de esto, las agencias federales establecerían un límite. Los trabajadores agrícolas que ya estén aquí podrían entrar en el camino hacia la ciudadanía, pero no los que lleguen en 2013 o posteriormente.
Expansión Subrepticia
Para otros trabajadores “no cualificados” (jardinería, etc.), la ley crearía una nueva visa W. Después de la fase inicial, el número máximo de 200,000 por año sería establecido por el Federal Bureau of Immigration and Labor Market Research .
Los trabajadores con visa W serían menos vulnerables de ser deportados por capricho del empleador que los trabajadores con visa H-2B, ya que podrían moverse a otro empleador dentro del programa (aunque, como en el caso de los trabajadores agrícolas, no podrían permanecer desempleados durante más de 60 días), podrían renovar sus visas en incrementos de tres años, y hasta entrar en el lento camino hacia la ciudadanía.
Los salarios serían iguales a los de trabajadores estadounidenses bajo el mismo empleador o en la misma industria. Los trabajadores con visas W podrían tener protección al denunciar irregularidades, y no podrían ser utilizados para reemplazar a huelguistas.
Sin embargo, la ley también contiene una expansión subrepticia del programa H-2B existente, bajo el cual los trabajadores no disfrutan de ninguna de estas nuevas protecciones.
Al eximir del límite de visas entre 2014 y 2018 a los trabajadores huéspedes el año anterior que regresen con la visa H-2B, la ley permitiría que las visas H-2B aumentaran cada año, creciendo de 66,000 visas anuales hasta posiblemente 264,000.
Esta exención existió antes brevemente: además de visas nuevas, 51,000 visas de regreso se emitieron en 2006 y 69,000 en 2007. Desde entonces, los empleadores han estado tratando de resucitar esta exención.
Los empleadores que busquen recortar costos “no utilizarán el programa de visas W mientras puedan conseguir trabajadores más baratos y explotables a través de una ampliación del programa H-2B, que es exactamente lo que esta ley les permite,” escribió Saket Soni en la National Guestworker Alliance.
“Si estos programas—no solamente el nuevo programa de visas W, sino todos los programas existents—no ofrecen fuertes protecciones para los trabajadores, esta expansión está llamada a ser un desastre.”
Para trabajadores “cualificados” tales como ingenieros y especialistas en informática, el número de visas bajo el actual programa de visa H-1B se triplicaría de 65,000 a unas 180,000 anuales. Los Communications Workers ha criticado enfáticamente este programa alegando que desplazaría a sus miembros.
—Alexandra Bradbury
Se suspenderían las deportaciones de los “dreamers” (estudiantes activos y miembros de las fuerzas armadas que hubiesen sido traídos a los Estados Unidos de niños) y las de aquellos casos clasificados como de “baja prioridad”: inmigrantes con un expediente limpio o que hubiesen cometido solamente infracciones menores, tales como violaciones de leyes de tránsito.
Sin embargo, la nueva política se hizo cumplir muy débilmente, reduciendo las deportaciones sólo en un 2 por ciento durante el año siguiente.
En 2012, más de 400,000 inmigrantes fueron deportados—un verdadero récord. Solamente poco menos de la mitad habían sido declarados culpables de crímenes o delitos menores, y al menos 90,000 fueron deportados violando las nuevas disposiciones.
De manera que, al mismo tiempo que el Congreso debate una “amplia reforma de inmigración”, organizaciones tales como Dream Activist y #Not1MoreDeportation continuamente envían alertas para tratar de parar las deportaciones injustificadas.
Once millones de inmigrantes indocumentados viven en los Estados Unidos deseando desesperadamente normalizar su situación y salir de las sombras.
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La ley propuesta por el grupo de senadores “Gang of 8” crearía un proceso a lo Frankenstein: un camino hacia la ciudadanía que en realidad es una carrera de obstáculos.
Y esto es lo mejor que el Congreso va a poder lograr, ya que las enmiendas a la ley están multiplicando los impedimentos.
Esta desafortunada experiencia con las deportaciones de baja prioridad está a punto de reproducirse en larga escala, creando un sin fin de vías para abrirse paso a través de la burocracia, dejando virtualmente a millones a la orilla del camino.
Para apaciguar a los que se oponen a la inmigración, el primer paso propuesto por los senadores es la seguridad de las fronteras. Esto se lograría mediante cercas dobles, cámaras, helicópteros, y aviones no tripulados.
El objetivo es lograr un 90 por ciento de arrestos por cruzar la frontera sin autorización, un sistema E-verify completamente operacional (E-verify es el sistema de internet que compara la información de solicitantes de empleo con los expedientes de Social Security y de Homeland Security), y un examen biométrico (reconocimiento de huellas dactilares, del iris, o faciales) en aeropuertos y puertos marítimos.
Si no se alcanzan estos objetivos, una comisión formada por gobernadores de estados del suroeste decidirá los pasos adicionales necesarios para controlar las fronteras.
Una vez que esto se logre, los inmigrantes que hayan entrado en Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011 tendrán la oportunidad de solicitar una nueva clasificación como Inmigrante Provisional Registrado (Registered Provisional Immigrant o RPI). Las personas deportadas durante 2012 no serán elegibles. La aprobación dependerá de:
- haber pasado la revisión de sus antecedentes, certificando que el individuo no constituye una amenaza para la seguridad
- no haber sido declarado culpable de crímenes (los delitos menores se están negociando)
- el pago de impuestos atrasados
- el pago de una cuota que podría ser de $2,000
- el pago de una multa de $500
La clasificación RPI duraría seis años y permitiría a los individuos, sus cónyuges y familiares trabajar en los Estados Unidos y viajar fuera del país.
Pasados seis años, las personas con la clasificación RPI pasarían de nuevo por el proceso de la solicitud original, incluyendo el pago una vez más de cuotas y multas. Deberán probar que sus ingresos promedio alcanzan por lo menos el 100 por ciento de la cantidad que el gobierno federal ha establecido como el límite de pobreza (cualquier cantidad inferior constituye vivir en la pobreza), o probar que han estado empleados durante todo el período en que tuvieron la clasificación RPI (sin haber estado desempleados durante más de 60 días).
De acuerdo con el Migration Policy Institute, más de una cuarta parte de las familias indocumentadas tienen ingresos anuales de menos de $20,000. El límite federal de pobreza para una familia de cuatro personas es $23,550 o $11.32 por hora para un trabajador a tiempo complete—más alto que los salarios de muchos inmigrantes.
National Immigration Law Center llama al requisito de empleo continuo “una solución en busca de un problema, especialmente si se tiene en cuenta que tanto los expertos como los encargados de establecer las políticas están de acuerdo en que los inmigrantes indocumentados vienen a Estados Unidos a trabajar.”
Ese requisito es una invitación al abuso por parte de los empleadores, ya que hace que el desempleo sea inpensable y que los despidos temporales o definitivos sean una amenaza poderosa para quienes quieran protestar por alguna situación en el trabajo.
Por ejemplo, en la idustria gastronómica de Filadelfia hasta un 50 por ciento de los trabajadores en las cocinas son indocumentados, y ya se han reportado violaciones generalizadas en cuanto a salarios y horas de trabajo.
La situación es aún peor para los que no puedan probar que han trabajado, como jornaleros y empleados domésticos.
Ai-jen Poo de National Domestic Workers Alliance reporta que, en una encuesta entre más de 4,000 trabajadores con bajos salarios en New York, Chicago y Los Angeles, casi ninguna niñera, sirvienta o empleada de limpieza recibió talón de pago. Tampoco lo recibió el 77 por ciento de los trabajadores de la industria de confecciones. Una alternativa más justa para los inmigrantes dentro la economía informal sería presentar prueba de residencia.
Poo señala que el requisito de trabajo también excluiría a aproximadamente el 40 por ciento de mujeres indocumentadas que permanecen en la casa con sus hijos.
MÁS OBSTÁCULOS
Después de 10 años, los RPI pueden solicitar la residencia permanente, presentando todo lo detallado anteriormente y pagando otra multa de $l,000. Entonces el solicitante deberá demostrar su progreso en el dominio del inglés y empleo continuo o recursos que alcancen el 125 por ciento del límite de pobreza.
Pasados otros tres años—13 en total—un RPI podrá solicitar la ciudadanía.
Los trabajadores agrícolas siguen un proceso diferente que toma 10 años. Los “dreamers” que entraron en los Estados Unidos antes de la edad de 16 años y completen dos años de universidad o cuatro años en las fuerzas armadas tendrán un camino más rápido: después de cinco años con la clasificación RPI, podrán obtener la tarjeta verde de residente e inmediatamente solicitar la ciudadanía.
La implantación de todos estos pasos está lejos. Depende de que se pongan al día todos los atrasos en los casos de inmigración pendientes, lo que implica que cualquier solicitante de RPI irá al final de la fila de inmigración. También depende de que el gobierno pueda demostrar que los inmigrantes ya no están cruzando ilegalmente la frontera con México.
Aunque hay una gran preocupación porque la Cámara de Representantes trate de aumentar las medidas punitivas, unos cuantos centros de trabajadores y sindicatos se están preparando para guiar a los inmigrantes a través del proceso.
Es probable que surjan servicios legales fraudulentos que traten de cobrar cuotas a solicitantes que no cualifiquen o no presenten reclamaciones válidas.
Las organizaciones de trabajadores pueden ayudar a los inmigrantes a certificar empleo manteniendo archivos y presentando reclamaciones de robo de salarios cuando sea necesario.
Pero si las reformas de Obama se implantan, su buzón se seguirá llenando de alertas y peticiones individuales, quizás para que presione a un empleador a certificar empleo, o para detener la deportación de millones que no logren vencer los obstáculos del proceso.
Teófilo Reyes trabaja para Restaurant Opportunities Centers-United Worker Center, que tiene como miembros a muchos inmigrantes.
The AFL-CIO y otros grupos están pidiendo a organizaciones que firmen una petición en bit.ly/StopDeport para instar al Presidente Obama a que suspenda las deportaciones.
Gracias a Alicia Nespral por la traducción.
